¿Dónde termina la crítica y comienza la violencia digital? El caso de La Aldea Poblana

La celebración del Día de la Libertad de Expresión en México coincide con un debate surgido recientemente en la ciudad de Puebla, a raíz de la agresión cometida desde el anonimato por el autor de una cuenta en X (antes Twitter), identificada como @LaAldeaPoblana, contra la titular de la Secretaría del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, conocida como “La Bonita” en el ámbito del boxeo, donde –sobra decir– es campeona mundial en peso mosca.

Aunque el ataque –que cuestionaba el apodo de la deportista y funcionaria– se originó de forma anónima, la indignación social expresada en la misma red y que incluso llegó a la conferencia mañanera del gobernador Alejandro Armenta, terminó por dejar al descubierto al autor: Gustavo García, asesor de imagen de políticos de la vieja guardia, quien también se hace llamar Bruce Julius.

Su ligereza lo dejó solo en la escena mediática, luego de que personajes vinculados a él se deslindaran públicamente de la cuenta. En lugar de reconocer su error, eliminar el comentario y ofrecer una disculpa pública –lo cual habría sido lo más profesional y ético–, erró nuevamente al enviar una carta al gobernador, abogando por la libertad de expresión en Puebla y acusando persecución contra quienes piensan distinto al gobierno en turno.

Aunque sus peticiones serían válidas para cualquier periodista o ciudadano del estado, su posición y antecedentes le restaron calidad moral, política y ética para reclamar derechos que él mismo había transgredido.

El caso de La Aldea Poblana debería ser ya tema de análisis en las aulas de periodismo, por la relevancia y actualidad del uso de redes sociales, plataformas a las que cualquier persona puede acceder. Si bien carecen, en estricto sentido, de una regulación legal –y, a mi parecer, así deberían seguir funcionando–, sí están sujetas a la ética, las leyes y los pactos internacionales, los cuales no son otra cosa que el reconocimiento de los derechos del otro y de la colectividad.

La libertad de expresión, por muy mordaz que se intente ejercer, nunca debe confundirse con el derecho a agredir, discriminar, incitar a la violencia o promover mensajes de odio. Su ejercicio implica grandes responsabilidades éticas, que pueden incluso llegar a los tribunales civiles cuando los comentarios o críticas ponen en riesgo los derechos de otras personas o de la sociedad en su conjunto.

No es necesaria una nueva legislación: todo ya está contenido en el marco jurídico vigente y en los tratados internacionales. Basta con mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocido por la ONU y al cual México está adherido. Este documento, en sus artículos 19 y 20, establece con claridad tanto el derecho a la libertad de expresión como sus límites y responsabilidades:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
   a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
   b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

El caso de La Aldea Poblana no se cuestiona por la libertad con la que ha ejercido la crítica hacia funcionarios y políticos –a su muy personal estilo y con posibles intereses políticos detrás desde septiembre de 2021, cuando fue creada la cuenta–, sino por un comentario que hoy ya no es aceptable en una sociedad que ha evolucionado.

En el México del siglo XXI, los valores han tomado un nuevo rumbo: los derechos y libertades no son ya una aspiración utópica, sino una normalidad exigible. Basta con observar las aulas donde conviven las nuevas generaciones. Entre los centennials, ya no existen los apodos, el bullying no es tolerado y el agresor es rechazado socialmente. Eso mismo le ocurrió a Bruce Julius, al quedar aislado en su propia burbuja digital, con una cuenta protegida y un acceso restringido a unos cuantos.