- El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar pide asumir la responsabilidad y aplicar todo el peso de la ley
Ciudad de México. –Por un posible conflicto de interés y visos de corrupción en el otorgamiento de contratos, enfrenta la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, luego de que se evidenciara su cercanía con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, representante de empresas que brindan servicio al instituto.
Las revelaciones pusieron este fin de semana en el centro de la discusión la necesidad de esclarecer si existió alguna relación que pudiera comprometer la imparcialidad de la funcionaria electoral o representar un conflicto entre sus vínculos personales y sus responsabilidades públicas.
De acuerdo con los reportes periodísticos, entre las empresas vinculadas con el empresario, se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones.
Ante las evidencias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el propio INE emprendieron investigaciones contra el empresario y funcionarios del instituto, así como de organismos públicos locales electorales (OPLE) relacionados con convenios que sumarían 514 millones de pesos.
Entre los elementos que alimentaron las críticas también se encuentran imágenes de comidas y reuniones de Taddei con Hernández Casillas, así como un video difundido posteriormente en el que aparece el empresario junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, durante una visita a París.
Ramírez Cuéllar pide fincar responsabilidades
Ante los señalamientos, el diputado federal y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que Taddei debe asumir la responsabilidad política y jurídica que corresponda por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, sostuvo.
El legislador señaló que la presidenta del Consejo General del INE puede ser sustituida conforme a los mecanismos legales y consideró que, si presenta su renuncia, será urgente designar a otra persona para encabezar el organismo electoral.
“Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad”, afirmó.
Ramírez Cuéllar insistió en que una eventual salida de Taddei no debe frenar las investigaciones. Añadió que, si existen elementos para atribuirle alguna responsabilidad, deberán presentarse las denuncias correspondientes y proceder conforme a la ley.
“La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley”, enfatizó.
El diputado hizo referencia a los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución, que establecen disposiciones sobre las responsabilidades de los servidores públicos y el juicio político.
Este último procedimiento puede iniciarse mediante una denuncia ante la Cámara de Diputados. La Subcomisión de Examen Previo analiza si la persona denunciada está sujeta a juicio político y si existen elementos suficientes para dar trámite al asunto.
Asimismo, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla como causas de juicio político determinadas infracciones a la Constitución y a las leyes federales que provoquen perjuicios graves o alteren el funcionamiento de las instituciones, así como omisiones graves y violaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos federales, en los términos previstos por la norma.
De acreditarse una responsabilidad mediante el procedimiento correspondiente, pueden imponerse sanciones como la destitución y, cuando proceda, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Ramírez Cuéllar sostuvo que corresponde esclarecer los señalamientos y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades, independientemente de que Taddei decida permanecer en el cargo o presentar su renuncia.
